Llevamos años y años asistiendo a una lucha sin tregua por la nulidad de las cláusulas de abusivas y la posibilidad de reclamar los importes cobrados por los bancos de forma indebida.
Cabe entender que en la reclamación de importes cobrados en relación con cláusulas abusivas existen dos acciones de diferente naturaleza: 1) la nulidad de la cláusula por abusiva en relación con la legislación de defensa de los consumidores y usuarios y 2) la acción de restitución dineraria. La prescripción, según entendía el Tribunal Supremo, se producía de forma diferente en un caso y en el otro; esto es, la nulidad de la cláusula no prescribía por aplicación de la normativa de consumo, pero la de restitución sí prescribe, y se aludía al criterio de la actio nata, por lo que se designaba un periodo de 5 años desde la declaración de nulidad.
Actio nata significa «nacida la acción», es decir, que la prescripción comienza en el momento en el que se puede reclamar (en este caso, el importe indebidamente cobrado). Por este motivo, los grandes despachos iniciaron una campaña aludiendo a la posible prescripción de la acción en fecha 23 de enero de 2024, ya que en ese momento se cumplían 5 años desde que se consolidó la jurisprudencia acerca de la declaración de nulidad de las cláusulas de gastos por la que los hipotecados cargaban con los gastos de notaría (50%), gestoría y registro de la propiedad. La resta de la abogacía nos sumamos a la campaña, puesto que, y eso es lo que conviene retener, el Tribunal Supremo no es de fiar. Muestra sobrada de ello la dio en el mes de octubre de 2018, en el que tras declarar la nulidad de la cláusula que atribuía al consumidor el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reunió con nocturnidad en sábado para emitir una infame resolución que dejaba a su misma sentencia sin efecto. Os dejo un enlace a la noticia de la que el mismo Consejo General del Poder Judicial se hizo eco. Tres días después a la emisión de la sentencia se desdijo y anunció que la Sala se volvería a reunir para rectificar su sentencia. Alguien debió llamarles muy enfadado. En efecto, el sábado 20 dicha sentencia fue revocada en un ejercicio de atropello antes nunca visto. Podéis leer una opinión letrada autorizada en la página del Consejo de la Abogacía.
Demostrado que el Tribunal Supremo no es de fiar, y lo mismo hemos ido viendo en el caso del IRPH, podría haber sucedido en relación con los gastos de constitución de hipoteca. La abogacía no se fiaba, por eso alentó a la ciudadanía a reclamar las cláusulas, normalmente bajo una percepción de provisión de fondos muy económica y que, en caso de condena, se resarciría mediante la condena en costas.
Ahora bien, nosotros nunca entendimos que hubiera plazo para reclamar las cláusulas abusivas. Y no hablamos solamente de la acción de nulidad de la cláusula, sino también de la acción restitutoria. ¿Por qué? Muy simple. La ola jurisprudencial consolidada en enero de 2019, daba por consolidada la jurisprudencia, sí, pero ello no desembocaba en la prescripción de las cláusulas de la totalidad de los hipotecados, por un motivo muy sencillo. Hasta que no se declare nula la cláusula del contrato firmado por cada particular, no comienza a contar el plazo para reclamar la restitución. Esto es, en una interpretación torticera de la jurisprudencia, los bancos alegaban una y otra vez, que dada la notoriedad de la declaración de nulidad de esas cláusulas por el Supremo, los clientes se hacían conocedores de que su contrato también era nulo. La abogacía no tenía ni la mínima duda de que el Tribunal Supremo iba a validar esta postura, por eso arengamos a nuestra clientela. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le puso un poco de cordura al asunto y cerró el paso a esta interpretación interesada de la normativa. En definitiva, la declaración de una cláusula de un contrato no se aplica a otro contrato, puesto que no se ha revisado el contenido de esa cláusula de ese contrato concreto. Finalmente, el Tribunal Supremo tuvo que claudicar y adecuarse a la doctrina del Tribunal Europeo.
La conclusión está clara, podemos entender que la reclamación de cantidades cobradas por cláusulas abusivas no prescribe mientras no se haya declarado nulo nuestro contrato, cuya acción no prescribe porque una cláusula abusiva se tendrá por no puesta en el contrato con independencia de que la nulidad se solicite uno, dos, tres o veinticinco años después. Por tanto, podéis reclamar las cantidades cobradas por aplicación de cláusulas abusivas en cualquier momento, con independencia, incluso, de que dicho contrato se haya finalizado. Caso diferente será aquel en el que el contrato haya sido objeto de terminación transaccional (mediante la dación en pago), tal y como explicamos en otro post.
Deixa un comentari