A vueltas con la renuncia a reclamar en los casos de dación en pago. En 2022 la Audiencia Provincial de Tarragona desestimó un recurso dando validez a este tipo de cláusulas en las que la parte se finaliza con una cláusula en la que las partes proceden a firmar el acuerdo «sin nada mas que pedir ni reclamar». Este tipo de cláusula la podríamos catalogar como una renuncia a realizar reclamaciones futuras en relación con el negocio jurídico pre-existente entre las partes. En el caso que analizamos se trata de la dación en pago, por la que el banco exonera al consumidor de seguir ligado al préstamos hipotecario y la otra parte se ve liberada de dicha deuda a cambio de transmitir la propiedad de la vivienda grabada por dicho préstamo en concepto de garantía. Esto es, el banco se queda con el piso a cambio de perdonar la deuda. Por lo general, esta terminación convencional de la relación jurídica se firma en paralelo a un contrato de arrendamiento, però nada obliga al banco a firmar dicho arrendamiento, por lo que suele ser el resultado de una negociación (no siempre amable) para finalizar la relación entre las partes.
Suele darse la circunstancia que durante la vida del préstamo, el banco ha percibido cantidades en aplicación de cláusulas que bien podrían haber sido declaradas nulas, entre ellas las comisiones por gestión de impagados (posiciones deudoras), intereses moratorios superiores al triple del interés legal, o cláusulas suelo elevadas. Al darse la circunstancia de que la vida del préstamo ha finalizado sin que ninguna de las partes haya denunciado las cláusulas, han sido válidas durante su vigencia. Sin embargo, la continua declaración de abusividad de este tipo de cláusulas permite a los consumidores llegar a la conclusión de que el banco cobró cantidades de una forma indebida. Reclamar las cantidades indebidamente cobradas después de la firma de la dación en pago debería ser una opción que se encuentra limitada, sin embargo, por la renuncia a la acción de la que hablamos.
Dicha cláusula es, cuando menos, sospechosa, ya que se vislumbra una situación de poder. El consumidor se encuentra atrapado entre un préstamo del que ya no puede asumir los pagos y una firma liberatoria de la deuda que acabará con su situación, desesperada. ¿No parece evidente que en esta imposibilidad de reclamar se esconde algún tipo de abuso? Pues según la más novedosa jurisprudencia, los bancos se pueden ir de rositas sin pagar los platos rotos. Por el camino queda una vivienda perdida, una insolvencia provocada por un contrato de dudosa legalidad y, en muchas ocasiones, una situación de salud mental muchas veces deteriorada.
El Tribunal Supremo ha validado esta situación mediante una sentencia que presupone una igualdad entre las partes en caso de novación. En efecto, en su Sentencia n.º 235/2024, de 22 de febrero, el Tribunal Supremo admite esa posibilidad en el caso de la novación, esto es, cuando se firma una «renovación» del contrato de préstamo hipotecario (operación frecuente en caso de refinanciación), y lo hace apoyándose en la Sentencia del TJUE, asunto C-452/18, de 9 de julio de 2020, aludiendo a la transparencia de dicha negociación. Esta sentencia enuncia un requisito para que se pueda entender que dicha cláusula no es abusiva: 1) no puede referirse a controversias futuras y 2) debe haber sido individualmente negociada y libremente aceptada. ¿Cuándo se entiende que la renuncia a las acciones restitutorias es individualmente negociada y libremente aceptada? ¿Qué significa ‘libre’? Y para finalizar, ¿qué significa «libre» para el Tribunal Supremo?
De momento, para la Audiencia Provincial de Tarragona, en su sentencia de 14 de septiembre de 2022, la cuestión no era esa, sino que la renuncia de acciones dejaba la cosa atada y bien atada, esto es, que el acuerdo daba «certidumbre a la situación de conflicto existente», evitando «el incumplimiento de la prestataria» e impidiendo «la eventualidad de un litigio para exigir el capital pendiente». Esto es, que es el consumidor quien más gana, ya que el banco no le reclamará la deuda existente según el banco, cantdidad que debía estar bien inflada en base a intereses abusivos y otras técnicas económicas de cobro de cantidades desorbitadas. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Para la Audiencia Provincial de Tarragona, la libertad debe ser algo parecido a esto.
En este sentido tiene interés la Sentencia nº 163/2023, de la Audiencia Provincial de Lleida (Recurso de Apelación nº 318/2021) de 14 de febrero de 2023, por cuanto entiende que las cláusulas del contrato original quedan fuera de la renuncia de acciones, pues en este caso la renuncia se refiere explícitamente a «las cuotas y liquidaciones de las respectivas operaciones practicadas por el Banco hasta la fecha del presente documento sin excepción». Entiende esta Audiencia que ese «cuotas y liquidaciones» deja fuera de la renuncia a las cláusulas abusivas, por lo que en este caso concreto se pueden reclamar las cantidades devengadas en aplicación de las cláusulas abusivas. Se podría entender que en este caso podríamos estar ante una diferencia entre las audiencias provinciales en cuanto a la interpretación del alcance de la cláusula de renuncia a acciones en la dación en pago, puesto que esta interpretación difiere ligeramente a la que daba la Audiencia Provincial de Tarragona. Siendo este el caso, es posible interponer recursos de casación, ya que la sentencia del Supremo que se ha expuesto se refiere a supuestos de novación, y no de dación. Hay que estar atento a esta cuestión, puesto que muchas de las demandas se presentaron después de proceder a una dación en pago.
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